El problema es que los poderes públicos llevan décadas promoviendo la especualción inmobiliaria, que tantos réditos aporta a la financiación de los partidos. Si el derecho de edificación pertenece al Estado y sólo él puede otrogarlo, entonces los promotores no pueden venderselo después a los compradores de viviendas.
Hay que estudiar una forma de nacionalizar el valor del suelo urbanizado, para que el ciudadano sólo tenga que pagar el coste, no la recalificación.
Resulta curioso que ni los partidos de izquierda radical hayan propuesto nunca una medida tan justa: ¿será porque perderían financiación?
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