No basta con rechazar la corrupción política y lamentarse constantemente de esta lacra, es necesario exigir tanto al gobierno como a los partidos que adopten medidas eficaces para evitarla.
Lo primero será identificar esta corrupción como la obtención de cantidades o favores a cambio del tráfico de influencias, la información privilegiada, la concesión de licencias o la adjudicación de contratos, ya sea directamente o disfrazado de "financiación del partido", que es un eufemismo para designar un vulgar chantaje.
Si los partidos realmente quisieran erradicar esta lacra, serían los primeros en denunciarla; pero como realmente les acaba beneficiando a todos, prefieren encubrirla o negarla.
Se nos ocurren algunas medidas que podrían incorporarse tanto al código penal como a la ley electoral, para que sean los propios compañeros los que denuncien estas prácticas:
· Mientras a un político se le esté procesando por corrupción, tendrá que cesar provisionalmente en todas sus actividades públicas, ya sean cargos electos o dentro de su partido; y si finalmente resultase condenado, el cese será definitivo y perderá la posibilidad de presentarse como candidato durante un plazo de diez años. Mientras que una persona está siendo procesada por cualquier delito, no podrá presentarse como candidato en ningún tipo de comicio.
· Además, tras la condena en firme, el partido en cuyas listas fue elegido, no podrá presentarse en dicha circunscripción durante el mismo plazo de diez años; y si se hubiese comparecido en comicios desde la denuncia hasta la condena, sus cargos electos por esa misma circunscripción deberán renunciar, reduciéndose el número de miembros del órgano que se trate.
Con medidas como las indicadas, serían las propias formaciones políticas las encargadas de vigilar la honradez de sus miembros.
¡Tenemos que exigir estos cambios ya!
